sábado, 3 de agosto de 2019

Otro decreto para sostener un modelo productivo que mata y fundió a los productores

Otra vez, el gobierno de Entre Ríos emitió un Decreto (2239/19) para acercar las pulverizaciones con agrotóxicos sobre niños y niñas de escuelas rurales, sus docentes y peones y productores que habitan el campo. 




Según el fiscal de estado, Rodríguez  Signes,  este nuevo decreto insiste en la reducción de las franjas de resguardo que retroceden a 500 metros las aéreas y 100 metros terrestres pero en esta oportunidad desde el casco de la escuela y no desde su cerco exterior. Además fija diferentes distancias basadas en lo que habilita el Senasa según el químico que se disperse. De 100 a 500 metros terrestres se pueden tirar agrotóxicos clase 3 y 4,  con el mismo esquema para la franja entre 500 y 3000 metros en los casos de pulverización aérea.



Lo que no dice Rodríguez Signes ni el gobierno de Bordet es en base a qué clasifica el Senasa?  Es el punto para discutir y evaluar qué tipo de sustancias están habilitando para ser liberadas en nuestro ambiente y sobre las cabezas de nuestra gente. La  resolución 350/99 de Senasa categoriza productos químicos y/o formulados solo por toxicidad aguda, la DL 50 o dosis letal media de cada producto que es una fórmula que analiza como si se estuviera frente a una sola exposición y no evalúa los procesos ni analiza el surgimiento de enfermedades crónicas como los efectos de disruptores endócrinos, el desarrollo del cáncer, el daño genético que afecta con más fuerza en la primera infancia y el embarazo.

 En Argentina, se utilizan formulados considerados legales que en sus propios países de origen han sido prohibidos hace años porque el Senasa lo permite. Tampoco se realizan las reclasificaciones de productos antes nuevas evidencias científicas. Es costumbre aprobar nuevas sustancias con procedimientos formales “ de registros” sin asidero ni fundamentación científica que no tenga conflicto de intereses.   

Esta manera de aprobar las sustancias está creada justamente para que la industria pueda colocarlas en el mercado  y “no ver” lo que no conviene. Se disfraza el daño a la salud humana y se niega la destrucción del suelo fértil. Es necesario debatir no solamente “cómo” sino “qué aplicamos”.
En el amparo aportamos prueba científica (no opiniones) sobre la presencia de daño genético en niños rurales entrerrianos y también la relación entre daño genético y la aparición del cáncer como consecuencia. Esta es la verdadera dosis letal. Ningún decreto o argumentación política o técnica puede negar una prueba contundente, vergonzosa y dolorosa porque destruye nuestro futuro, nuestra gurisada y nuestro suelo fértil.

El nuevo decreto argumenta como si fueran novedades, con repeticiones y de manera sobreabundante, una serie de medidas que son legalmente exigibles hace ya más de una década pero que nadie cumplió ni hizo cumplir jamás tales como: exigencia de receta, aviso con 48 hs de anticipación, maquinaria habilitada, presencia de agrónomo en el campo y observación de las condiciones climáticas. 

Como asambleas entrerrianas, reafirmamos nuestro compromiso indeclinable por la salud de nuestra gente y la recuperación de un campo que la familia rural pueda habitar, con  diversidad productiva, con recuperación de nuestros suelos y poder involucrar al pequeño y mediano productor, que son sectores que han casi desaparecido en pos de un modelo agroexportador concentrado, basado en la especulación financiera.

Estamos frente a un modelo agotado desde lo  económico, lo productivo, lo ecológico y la salud. Es apenas cuestión de tiempo, es un debate ganado pero lamentablemente debemos ser un territorio sacrificado para que las multinacionales de insumos puedan agotar su stock que ya nadie quiere en el mundo.

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