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miércoles, 5 de mayo de 2021

El Gobierno de Entre Ríos pretende Legislar el Uso de Agrotóxicos como Actividad No Peligrosa.

Desde la Coordinadora por una vida sin agrotóxicos en Entre Ríos, Basta es Basta, manifestamos nuestra preocupación ante el retroceso que significa para la democracia, la salud, el ambiente y la producción; los lineamientos propuestos por el Ministerio de Producción de Entre Ríos a la Legislatura, para un proyecto de ley de “Buenas Prácticas Agrícolas”. Que no considera el uso de Agrotóxicos (Agroquimicos o Biocidas) como una actividad peligrosa y pretende perpetuar la falta de registro y controles ambiental sobre esta actividad peligrosa o bien muy peligrosa.

 

El Ministro Bahillo recibiendo en mano el proyecto de ley la Mesa de Enlace


En términos democráticos, queremos expresar que dentro de los consensos aludidos tanto por el Ministerio como por los legisladores, no está contemplada la voz de las poblaciones afectadas que vienen rechazando el modelo de agronegocios de manera sistemática desde hace décadas. No  hemos sido convocados a opinar en este debate  ni las organizaciones ambientales, ni las instituciones cientificas que denunciamos el uso de agrotóxicos como una actividad peligrosa o muy peligrosa para el ambiente y la salud. En cambio se avanzó con un texto redactado por la Mesa de Enlace al Ministerio de Producción. Justamente la parte interesada en seguir fumigando sin control, registro, ni principio precautorio.

En el año 2017,  los entonces legisladores Giano y Torres presentaron un proyecto de ley que tampoco consideraba el uso de agrotóxicos como actividad peligrosa excluyendo asi los requerimientos minimos del derecho y la gestión ambiental. Este proyecto tuvo un amplio y consensuado rechazo, se movilizaron en catidad de localidades entrerrianas numerosos grupos de personas en rechazo a este proyecto, movilización que culmino en Gran encuentro en la ciudad de Vilaguay donde se presentaron pruebas contundentes por parte de las organizaciones socioambientales, la ciencia digna y sociedad civil.

En ese momento, un proyecto (el de la Mesa de Enlace) con líneas similares al actual decreto ley de la dictadura militar del año 1981 (actual ley provincial de plagicidas), enmascarado de “superador”, fue cuestionado por vecinos aledaños a campos, docentes, agricultorxs, ganaderxs, organizaciones de apicultorxs, artistas, organizaciones de docentes, ambientales, entre otrxs sectores de la ciudadanía entrerriana. Nos proponen leyes para declarar "buenas" las practicas con agrotoxicos, en vez de peligrosas o muy peligrosa por su simbiosis. Pretenden consolidar por ley un sistema de uso masivo de biocidas, sin control ambiental, sin registro ni prevencion de los impactos en la salud y el ambiente. Legislaciones de este tipo deben estar ajustadas a derecho ambientaly tener buenas practicas de gestion ambiental y tratamiento de residuos peligrosos, ademas contemplar alternativas a su uso y planes a mediano plazo de reduccion hasta la eliminacion de total del uso de biocidas.


Estamos transitando una etapa donde la participación amplia y los consensos en las decisiones políticas marcan una época, que reivindica una democracia donde la legitimidad de las decisiones está en las construcciones con las poblaciones afectadas. En este marco, al profundizar la matriz que propuso la dictadura, de regular y propiciar los agrotóxicos sin tener en cuenta la voz de la población, se degrada la democracia. Una propuesta legislativa que mientras estaba siendo accesible a legisladores, no estaba publicitada para el acceso a la población. Una propuesta que en vez de saldar y generar paz social, propone un modelo que profundiza los conflictos ya que la población rechaza que se siga fumigando. Una propuesta que con el discurso de “actualizar”, profundiza un modelo antidemocrático que legisló la dictadura.

Ante esto, sostenemos que se debe frenar el tratamiento legislativo de este proyecto corporativo, que solo cuenta con el aval de un sector del campo, el agronegocio, que son  los únicos beneficiadxs para seguir fumigando y enfermando. El consenso que deben respetar quienes legislan está en el rechazo a dicho proyecto, contando con diversos sectores de poblaciones que van del río Uruguay al Paraná. Tenemos una legislación que considera que fabricar churros es más peligroso que las fumigaciones. Eso resume la negligencia de una actividad que debería ser considerada peligrosa y ajustar a la ley general del ambiente. Fumigar con BPA es actividad peligrosa, no hay pruebas que demuestren lo contrario.

El consenso se encuentra en quienes desde las amplias latitudes de la provincia, pedimos que se avance y actualice la normativa aberrante de la dictadura pero en dirección hacia una reducción hasta la eliminación del modelo basado en agrotóxicos, a la par del incentivo del modelo agroecológico.

Lxs diputadxs han escuchado la propuesta de nuestra coordinadora el año pasado, cuando presentamos los puntos para la transición, incentivo y fomento para la agroecología en la Cámara de Diputados.

El uso descontrolado de agroquimicos (el cual la provincia intentacontrolar con un total de 6 ispectores, sin equipamiento ni presupuesto ni voluntad política para hacerlo) es la principal causa de pérdidas y daños para las producciones agroecológicas, por los efectos de derivas de biocidas y la contaminacion de napas, mortandad de abejas y contaminacion de aire suelo y agua.

La agroecología no solo implica una mejora en la salud, el ambiente y la paz social, sino también la posibilidad de no depender del dólar para invertir en agricultura y poder exportar, trayendo divisas sin fugas. Apuntar a un modelo agroecológico es apuntar a un modelo de soberanía comercial y financiera, también. Es la posibilidad a que el campo vuelva ser la principal fuente de laboral, de arraigo y valor agregado. Y de generar alimentos sanos y suficientes para toda la población en este contexto de emergencia ambiental, de salud, de modelo productivo, de recesión económica, pandemia, hambre y pobreza extrema sin precedentes en nuestra provincia.

Peticionamos a lxs legisladores que vuelvan a trabajar sobre la base de una ley de transición planificada, donde el eje sea el cambio del modelo heredado de la dictadura a un modelo que abrace a las poblaciones y la democracia, que genere paz social, salud y arraigo rural.

Por esto, decimos:
Actualicen la ley de la dictadura con una ley de transición a la agroecología.
Declaren la actividad agropecuaria con utilización de agrotóxicos como actividad peligrosa
La transición implica poner plazos a la eliminación de las fumigaciones, con fuertes incentivos a la agroecología.

https://bastaesbasta.blogspot.com/2021/03/ley-de-plaguicidas-una-ley-de-la.html

https://mundoruralweb.com.ar/la-mesa-de-enlace-se-reunio-con-el-ministro-bahillo-analizaron-varios-temas/

https://www.aimdigital.com.ar/politica/primer-encuentro-de-la-bicameral-por-la-ley-de-agroqumicos.htm

http://www.entreriosdiario.com.ar/politica/ley-de-fitosanitarios-que-dice-el-proyecto-de-consensuado/

Nueva bicameral para una Ley de Agroquímicos - https://eraverde.com.ar/?p=4386


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martes, 30 de marzo de 2021

Plagadas de Irregularidades: Bicameral Legislativa y Proyecto de Ley de Plaguicidas

 Las organizaciones integrantes de la Coordinadora por una vida sin agrotóxicos en Entre Ríos “Basta es Basta”, solicitamos información a la legislatura provincial referida a la presentación de una nueva ley de regulación del uso de agrotóxicos en Entre Ríos que se presentó bajo el eufemismo de “buenas prácticas agrícolas” y anunciado bajo la intención de un texto que logre “el amplio consenso de todos los sectores que estos temas requieren” según tuiteó la vicegobernadora Laura Stratta.





Para la tarea se convocó a una Comisión Bicameral (sin anoticiar a la Cámara de Senadores que también recibió la novedad por la prensa) junto a un texto que circuló en medios periodísticos, un archivo denominado Proyecto de Ley Fitosanitarios con aportes “Mesa de Enlace” (esta vez sin eufemismos).  De esa curiosa forma, dio el primer paso un “proyecto de consenso” que nació tuerto. 

En este sentido, debido a que las entidades del agro han tenido la posibilidad de opinar e intercambiar su postura con el Ministerio de Producción por orden del Gobernador Bordet, es que las organizaciones y asambleas que nucleamos a las personas afectadas por esas actividades en esta Coordinadora, requerimos a nuestra legislatura que nos explicite.

¿De qué manera se dará participación a la sociedad civil, a los gremios involucrados, a las víctimas directas, a las organizaciones de apicultores y de productores orgánicos y  agroecológicos que se verán afectados por esta propuesta normativa unilateral?

¿Cuál es el texto avalado por el Gobierno de Entre Ríos para ser tratado por esta Comisión Bicameral presentada de manera tan apresurada que ningún miembro de la Cámara de Senadores supo con anticipación de su existencia?

Si se puede especificar a quienes comprende la Mesa de Enlace, mencionada en este caso particular por el Ministerio de Producción, si se incluyeron otras organizaciones o instituciones para la realización de una norma que debió ser planteada de cara a la sociedad, sin que debamos bucear por todas las páginas digitales de los organismos públicos sin éxito.

¿Cuáles son las publicaciones científicas en las que se basaron para elaborar el texto del proyecto de ley? 

¿Cuál será el modo de abordar el aspecto ambiental y sanitario para afrontar la regulación de agrotóxicos en la provincia, máxime en tiempos de pandemia cuando la salud pública debe ser jerarquizada?

Estos son algunos de los interrogantes que esperamos sean resueltos a la brevedad por las autoridades y les recordamos a nuestros legisladores y legisladoras que legislar nuevamente para favorecer la aplicación de millones de litros de agrotóxicos sobre los suelos entrerrianos, es legislar para seguir atentando contra la paz social de nuestra provincia. El agronegocio cada vez genera más enfrentamientos sociales y el Estado no debería alentarlos. Necesitamos con urgencia una ley de transición, que ponga fecha al fin del conflicto social de un modelo que genera cada vez menos puestos de trabajo y más expulsión de la población rural, además de enfermedades crónicas, muertes y contaminación.

Cuando resulta evidente que la devastación de nuestros ecosistemas es la primera causa que motivó la pandemia, no podemos permitir que sigan arrasando con nuestra salud y nuestros ecosistemas con insumos tóxicos que comprometen además de nuestro ambiente, nuestra economía con sustancias a precio dólar.

Legisladores, queda en sus manos el pasar a la historia como quienes beneficiaron la salud el ambiente y la economía de todo un pueblo, antes que los negocios de pocos.




La mesa de enlace, con funcionarios del gobierno de Entre Ríos

enlaces relacionados

https://bastaesbasta.blogspot.com/2021/03/ley-de-plaguicidas-una-ley-de-la.html

https://mundoruralweb.com.ar/la-mesa-de-enlace-se-reunio-con-el-ministro-bahillo-analizaron-varios-temas/

https://www.aimdigital.com.ar/politica/primer-encuentro-de-la-bicameral-por-la-ley-de-agroqumicos.htm

http://www.entreriosdiario.com.ar/politica/ley-de-fitosanitarios-que-dice-el-proyecto-de-consensuado/

Nueva bicameral para una Ley de Agroquímicos - https://eraverde.com.ar/?p=4386


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martes, 16 de marzo de 2021

Un Amparo Judicial Favorable a los Pueblos Fumigados. Aplicar Agrotóxicos a 50 Metros de Zonas Pobladas Es Incostitucional

Mientras el gobierno insiste en una nueva ley de agrotóxicos totalmente regresiva en materia de derechos humanos y que no se ajusta al derecho ambiental, la justicia declaró inconstitucional las fumigaciones con agrotóxicos a 50 metros de las zonas pobladas tal como lo establece la actual ley de plaguicidas .

Desde la Coordinadora Basta es Basta sostuvimos en Amparo Ambiental que fumigar a 50 metros de zonas pobladas es inconstitucional y atenta contra los derechos humanos, la justicia nuevamente nos dió la razón.

El art. 2 de la Resolución Nº47 SAA y RN del 2004 que establecen protecciones  ante aplicaciones con agrotoxicos en cercanía de “caseríos” (50 metros), ES INCONSTITUCIONAL por contravenir los estándares mínimos de protección


Sostuvo el juez;…"la actividad de pulverización de productos agropecuarios ya ha sido calificada por el Superior Tribunal de Justicia como una actividad riesgosa habilitante de la aplicación del principio de precaución contenido en la Ley General del Ambiente".


A su vez especificó: “Por ello puedo afirmar con certeza de que no existe otro vía que realmente pueda resultar más idónea para dar respuesta al caso comprometido en la especie y haga caer la admisibilidad del amparo ambiental. El peligro inminente -que las demandadas sostienen que no se ha configurado- se materializa en la amenaza derivada de la aplicación de agrotóxicos en una comunidad que se encuentra enmarcada en una zona productiva; y destaco que la falta de certeza científica sobre sus consecuencias o sobre la aplicación concreta de pulverizaciones no me parece un argumento que justifique la improponibilidad de la acción, sino todo lo contrario, ya que no es posible soslayar que se trata de una situación extremadamente delicada y sensible, estando en juego la salud de personas, en particular niños y adultos mayores antes referenciados, a lo que se debe agregar el informe presentado por el Dr. Rafael Lajmanovich,.

Ha quedado demostrado una vez más la peligrosidad que implican para la salud las pulverizaciones con sustancias agrotoxicas, y que el derecho humano a la salud y a la vida no pueden quedar subyugados al derecho de propiedad. 


Seguimos reafirmando la necesidad de extender la distancia de resguardo en 1000 mts, de acuerdo a toda la información disponible, que dan cuenta de la presencia de residuos de agroquímicos, que  es un fenómeno que se extiende en gran parte del área productiva del país y que estaría indicando efectos de las denominadas “derivas” de plaguicidas, la que no existe método científico que pueda controlar."

 

 

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viernes, 12 de marzo de 2021

Fumigaciones con Agrotóxicos y Derechos Humanos. A 45 años del golpe genocida.

A pocos días de un nuevo aniversario del 24 de marzo, ante un fallo que vulnera el derecho a la salud y al ambiente, advertimos sobre la sentencia del fiscal Sobko que lesiona los parámetros mínimos de derechos humanos.



El fiscal Sobko debía dar su opinión al tribunal antes de que el juez Rodríguez formule su sentencia. Pero Sobko nunca entendió el objeto del amparo. .

La causa es un Amparo Ambiental presentado en Colonia Avigdor, departamento La Paz, Entre Ríos pidiendo a la justicia que intervenga por una serie de al menos diez denuncias presentadas a la justicia desde 2015 en adelante por la contaminación de derivas de agrotóxicos a pobladores cercanos. Ninguna de estas denuncias logró frenar las fumigaciones en la zona sino que se fueron agravando. Hasta la Fundación Bergman (que integra el ex ministro de ambiente nacional) está denunciada por fumigaciones que contaminan a pobladores cercanos y vecinos de colonia Avigdor.

 


En el amparo se solicita al juez declare la inconstitucionalidad del art 2 de la resolución 47 de la legislación provincial de plaguicidas (decreto ley de la dictadura) ya que permitir que se fumigue con Agrotóxicos a 50 metros de zonas pobladas vulnera los Derechos Humanos y atenta -según evidencia científica presentada a la causa- contra la salud y el ambiente, no solo de la población de Colonia Avigdor sino de toda la población de la provincia de Entre Ríos que es víctima de la misma Ley de la dictadura y de los sucesivos gobiernos serviles a los intereses de las compañías vendedoras de agrotóxicos a los que liberan la zona para hacer sus negocios a costa de la salud y el ambiente de toda la provincia.

 

Llama la atención que el fiscal Sobko, con estirpe de la lucha militante de los años 70, de historia directa en lo que respecta a la violación de los DDHH, haya recomendado al juez no dar lugar al amparo, reduciendo el objeto de la demanda a tan solo el análisis de la última denuncia contenida en el expediente (por avionetas fumigadoras aplicando Agrotóxicos muy cerca de la zona poblada de Avigdor) fundamentando que el Estado no está ausente porque luego de la denuncia se presentó personal de la Dirección de Agricultura.

¿17 días después de realizada la denuncia, un organismo de contralor con menos de 10 personas sin medios ni herramientas para fiscalizar toda la provincia son prueba de un estado presente? Una vergüenza de argumento para un caso tan serio.

En la provincia se arrojan al ambiente más de 20 millones de litros de veneno por año. El Estado no tiene la capacidad ni la voluntad política de realizar un control efectivo del uso de estos biocidas y menos aún de fijar metas y objetivos para disminuir su uso.

Los productos que se utilizan (principalmente el glifosato) han sido prohibidos en muchas localidades de este país y de otros países por su efecto teratogénico y causal de la enfermedad del cáncer. Mientras tanto el gobierno de Entre Ríos basa su evidencia científica en un papelón realizado en la ciudad de Gualeguay en un evento que organiza la cámara de vendedores de agroquímicos y la mesa de enlace en el que se realizaron pulverizaciones a campo con máquinas aplicadoras cargadas con agua; si, con agua, no con Agrotóxicos! Probaron con agua, como si fuera un método de validez científico, justificando que las derivas no son superiores a 10 metros, como si el comportamiento de un veneno en el aire o en el agua fuera comparable en sus características físicas o químicas. La medición de las derivas se intenta probar a través del uso de tarjetas hidrosensibles, mecanismo que tampoco tiene ninguna validez científica probada al día de la fecha al menos que se conozca. Otra burla que las poblaciones tuvimos que soportar.

En la provincia no existen los medios y protocolos necesarios para analizar la presencia de estos productos en los cuerpos de las personas sometidas a convivir con estos venenos ni para la detección de estos biocidas en los alimentos sobre los cuales se aplican ni sobre los suelos ni cursos de agua. Entonces ¿Qué tipo de controles puede hacer el estado, sin medios, sin información científica, y ante un evidente conflicto de intereses donde siempre pierden las víctimas, el sentido común, la defensa de la salud, la vida y el ambiente? ¿Acaso no se nota demasiado?

El resto de los argumentos es una muy poco científica presentación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, facultad de agronomía de oro verde que presenta un trabajo de recopilación de bibliografía extranjera con más de 300 páginas casi toda en inglés, scaneado de fotocopias. Prácticamente ilegible e incomprensible en su forma de presentación. Una vergüenza para esta casa de estudios y en el nombre de la ciencia misma y para toda la población de la Entre Ríos.


 




Cuando las manifestaciones del sistema de justicia no cumplen con la protección de los pueblos que padecen injusticias, esto genera una profunda indignación. Las personas afectadas acuden desesperadamente en busca de respuestas al Poder Judicial que debiera brindar protección ante la contaminación al ambiente y a la salud pública a causa de las derivas de agrotóxicos que realizan los dueños de campos en sus actividades privadas. Pero todo el andamiaje jurídico les da la espalda a las víctimas de fumigaciones que debieran ser respaldadas en un marco de Derechos Humanos a los que se supone que suscribe Argentina y que el Estado Nacional, sin distinción partidaria, incumple hace 20 años, desde la implementación de la agricultura biocida, con respecto a las pulverizaciones con veneno.

 

Ante la respuesta del fiscal Sobko al pedido de intervención por parte del Juez Diego Rodríguez, en el marco del recurso de Amparo ambiental presentado el 11 de febrero, denunciamos que las comunidades son marginadas al ser expuestas a las aplicaciones de miles de litros/metros cúbicos/kilos/toneladas de venenos de manera constante en sus territorios, avalados por una ley que muestra como persiste una sistemática violación de los derechos humanos por parte del Estado, a través de un decreto ley 6599 que perdura del año 1980. Legalizando un sistema de producción tóxico dependiente que ha alejado a la población de la vida, al forzar la desaparición de pueblos enteros. Quienes aún perduran en sus comunidades y defienden los territorios que habitan son sometidos a la pérdida irreparable de su modo de vivir. Los obligan a encierros constantes para no inhalar venenos.

Desde la coordinadora Basta es Basta sostenemos que existe una enorme deuda de la democracia y que permanecen vigentes ciertas estructuras de impunidad que corresponden a gobiernos dictatoriales.

A 12 días de un nuevo aniversario del golpe de estado del 24 de marzo de 1976, nuestro Estado no puede permanecer cómplice de la perpetuación de los atropellos a los DDHH por parte del agronegocio.

 

A 45 años del golpe seguimos regulados por una ley de agrotóxicos de la dictadura y los pueblos fumigados somos discriminados, ninguneados, invisibilizados. Y aún más cuando se reafirma su vigencia por dictámenes fiscales como el del Dr. Sobko, o se anuncian nuevas leyes escritas por quienes defienden y viven de este modelo ecocida.

 

¡¡Basta es basta!!

 



NO HAY FUMIGACION CONTROLABLE

NO HAY FUMIGACION CONTROLABLE
CRITICA A LOS ESTUDIOS DE DERIVAS DE INTA E INTI

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