El Superior Tribunal de Justicia en otro fallo escandaloso volvió a asumir una clara posición contra la protección de la salud de niños y niñas entrerrianas que asisten a las escuelas rurales dentro de todo el territorio provincial.
Como Coordinadora Por una Vida Sin agrotóxicos Basta es Basta repudiamos la notificación que recibimos este 8 de febrero de parte del Superior Tribunal de Justicia, Germán R. F. Carlomagno, Bernardo I. R. Salduna, Susana Medina, Emilio A. E. Castrillón y Juan Ramón Smaldone, donde rechazan el Recurso Extraordinario Federal para ir a la Corte Suprema de la Nación a reclamar la protección de las escuelas rurales de las fumigaciones con agrotóxicos.
Además, esta decisión contradice la ley de amparos que garantiza la gratuidad, ya que el STJ pretende cobrar honorarios de 14 mil pesos en concepto de costas para el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes (a quien todos y todas pagamos su abultado sueldo). Situación de una absoluta ilegalidad y enorme vergüenza por los derechos afectados. Más que un acto jurídico, parece una acción dirigida a silenciarnos. No lo lograrán, iremos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque el derecho nos respalda.
Es de suponer que estos jueces que integran el órgano máximo en la justicia entrerriana, son las personas más formadas en la materia. Por tanto ¿desconocen la gratuidad de la acción de amparo ambiental, otorgada en la propia Constitución de Entre Ríos? ¿A qué intereses sirven cuando desconocen la Constitución a la que se deben? Al mal denonimado agronegocio? Ya ni siquiera es buen negocio esa práctica de la agricultura industrial. |
| El Supremo Tribunal reunido casualmente con la Mesa de Enlace, beneficiados por sus fallos ya que tendrán más tiempo para fumigar.. Jamás escucharon a las y los afectados. |
Desde Basta es Basta nos preguntamos qué resultados generó el Decreto 2239/19 que vino a reducir la protección lograda por nuestro amparo, una acción jurídica modelo que fue replicada en otros puntos del país. Según el fiscal este decreto que entró en vigencia el 1ero de enero, es “ejemplar en el país, no hay reglamento en Argentina que establezca tanto reaseguro en el ejercicio de aplicación de plaguicidas”. Pero al día de la fecha, ningún hecho de la realidad apoya tan desmedidos autoelogios.
Según prometió Rodríguez Signes “el decreto garantiza la seguridad ambiental y la salud”. Le cabe al fiscal y al Gobierno de Entre Ríos responder varias preguntas:
- ¿Por qué no está disponible de manera completa el mapa georreferenciado de Escuelas Rurales de la provincia de Entre Rios (art 7°)? Esa información fue provista en 2014 a la Secretaría de Agricultura, relevada por uno de nuestros compañeros. Pero ni el gobernador ni el fiscal de Estado saben si se fumiga o no al lado de las escuelas. Y si lo saben, no lo controlan ni lo verifican por escrito. Mal pueden evaluar el impacto en el ambiente y menos determinar el impacto en la salud.
- ¿Se inició el programa de seguimiento de la salud de los agricultores y comunidades rurales (Art 15°)?
- ¿Ya puso en línea el Gobierno de Entre Ríos el cacareado “sistema web de gestión de información con tecnología georeferencial” y el “sistema de monitoreo Remoto y Trazabilidad de la aplicación de agroquímicos que implique la adquisición, registro y gestión de alarmas con transmisión de datos basados en una microcentral para ser instalado en pulverizadoras” prometido en el artículo 8° del decreto. ¿Habrá llegado la hora milagrosa de que los pueblos fumigados podamos acceder a la información de quienes son los responsables de envenarnos? Las empresas aplicadoras y el Colegio de Agrónomos ya lo saben de sobra, hace largo tiempo porque la tecnología está vigente y es utilizada por la agroindustria.
Es inaceptable que el Estado deje la provincia liberada para fumigar e impida que avancemos en un modelo productivo que nos incluya y respete la vida en la tierra, tal como lo propusimos de manera permanente a través del Foro de Agroecología, al que se comprometió el gobierno de Bordet.
Entre Ríos merece otro destino.
¡Hay alternativa, Agroecología!
¡Hay alternativa, Agroecología!
El Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos que favoreció a los fumigadores en vez de a los gurises fumigados
DRA. SUSANA ESTER MEDINA DE RIZZO
Dr. MARTÍN FRANCISCO CARBONELL
DR. JUAN RAMÓN SMALDONE
DR. BERNARDO IGNACIO RAMÓN SALDUNA
DR. GERMÁN REYNALDO FCO. CARLOMAGNO
Daniela 3434489867 (Paraná)
Emilio 3446 638742(Gualeguaychú)
Facundo 3455084950 (Concordia)
Cristina 3442624121 (Concepción del Uruguay)
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