Un nuevo decreto con viejos argumentos y mucha publicidad

Entre Ríos, 31 de Agosto de 2019.

Por tercera vez, debimos iniciar un amparo ambiental contra el nuevo decreto n° 2239 del gobierno de Bordet que vuelve a restringir las distancias de protección de escuelas rurales sin el rigor científico necesario para preservar la salud de niños, niñas y docentes rurales.

El fiscal de Estado en el show de las Buenas Prácticas en las que nunca probaron con agrotóxicos sino con agua

la gurisada en su inocencia

El detalle pormenorizado de cada prueba presentada por nuestro gobierno ha sido analizada en el expediente, y objetada por nuestra parte por irrelevante, parcial y desactualizada (estudios de hace 10 años atrás ya superados) debido a que sus fundamentos no aportan evidencia de rigor científico que acrediten la inocuidad de los productos usados en el campo entrerriano como tampoco la inexistencia de riesgo en salud. Jamás pudieron probar que al reducir las distancias de pulverizaciones no se daña la salud humana. 

La gravedad institucional con la que juegan tanto el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, como la respuesta dada por el procurador general Dr.Jorge García en la cual avaló la constitucionalidad del decreto, sin analizar los daños en salud acreditados en el expediente y con la sola preocupación de que no sean violados los derechos del grupo de productores.
El procurador general tiene la función fundamental de defender al Estado en su integralidad; debe velar porque  no se vulneren los derechos fundamentales de la comunidad entrerriana, y eso involucra en primer lugar el derecho a la vida y la salud, con mayor fuerza a los grupos más vulnerables como son nuestros niños y niñas; toda función que desconozca estos pilares podrá ser catalogada como una falta grave al debido ejercicio de la función pública. 

Específicamente el Art 1 de nuestra Ley orgánica del Ministerio Público establece que “ El Ministerio Público tendrá independencia orgánica, funcional y tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad”. 

En el expediente poco serio del Fiscal de Estado se desconoce la ordenanza de prohibición de glifosato de Gualeguaychú.

Por lo tanto, que la defensa de los poderes concentrados de las multinacionales de venta de insumos, la promueva CASAFE (cámara que agrupa a los empresarios que venden agroquímicos) y no nuestros funcionarios públicos, quienes deberían velar por los bienes y derechos de todos. 

Nuestro reclamo exige la urgente protección de bienes colectivos de todos los entrerrianos como son la calidad de agua, aire y tierra y la salud de niños, niñas y docentes de nuestra provincia. Hemos presentado sólida evidencia de daño concreto en ambiente y salud de la población rural expuesta.

Si el Dr. Galanti decide convocar a terceros, debiera ser  para discutir lo que se trata en este reclamo judicial. En este proceso no se ventilan temas de daños y perjuicios económicos a productores. 

¿Desde cuando las víctimas deben hacerse responsable de la productividad de una actividad que los perjudica? ¿Por qué el Estado entrerriano asume esa defensa parcial? 

Se discute, nada más y nada menos, que la SALUD de la comunidad entrerriana y de las generaciones venideras. En este sentido, hemos propuesto como parte de la prueba la citación de  un comité científico a los fines de poder seguir aportando evidencia científica sin conflictos de interés a la causa. 

Preservar nuestras fuentes de agua, la calidad de aire que respiramos, el suelo fértil que nos alimenta, y la salud de nuestras poblaciones rurales NO resiste más especulaciones ni presiones. No es un juego y sólo se puede perder. Estamos interpelados como sociedad a una acción urgente. Por eso, argumentar que necesitamos las divisas de las exportaciones además de ser ilegal porque viola normas fundamentales de nuestro estado de derecho, demuestra un grado de perversión desmedida, que destruye nuestra comunidad.

Si de verdad al estado entrerriano le interesa preservar la actividad productiva de la provincia, debería impulsar capacitaciones en agroecología (en vez de frenarlas), líneas crediticias que apunten a la diversificación productiva, un plan de reducción impositiva que fortalezca al pequeño productor y dejar de dilapidar los recursos del estado en los espectáculos del Dr. Julio Rodríguez Signes y el show de las Buenas Prácticas y sus tarjetas hidrosensibles mojadas con agua, en vez de agrotóxicos (un hecho desestimado por su invalidez como método científico en la causa judicial que nos convoca)

Tanto el fiscal de estado como el procurador general se esmeran en proteger solamente los intereses de los grupos concentrados cuando debieran defendernos a todos.

Volvemos a exigir a nuestro gobernador Bordet que impulse, de manera urgente, una política pública que involucre los intereses genuinos de la sociedad en su conjunto. En vez de los decretos contra la salud, financie y promueva como política pública el Foro de agroecología provincial para acompañar la transición productiva que nuestra provincia NECESITA y MERECE.

Señor Fiscal Julio Rodríguez Signes,

Señor Procurador General, Jorge García 

Señor Gobernador, Gustavo Bordet #BASTAESBASTA

Contactos:

Facundo 3455084950 (Concordia)

Cristina 3442624121 (Concepción del Uruguay)

María 1134712612 (Colón)

Aldana 3434588910 (Paraná)

Emilio 3446 638742(Gualeguaychú)

Luján 3446640365 (Pueblo Belgrano)-

FB Coordinadora por una vida sin agrotóxicos en Entre Ríos: Basta es basta .https://www.facebook.com/coordinadorabastaesbasta- 

coordinadorabasta@gmail.com-

https://bastaesbasta.blogspot.com

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Repetir argumentos no frena el daño

Insiste el Gobierno de Entre Ríos en reducir distancias de protección para escuelas rurales

Nuevo decreto para defender un modelo agrícola que fracasó.

- En qué se fundamenta este nuevo decreto a pedido de la agroindustria? 

Los mismos estudios de hace diez años superados y rebatidos por nuevos aportes científicos pero extendidos en más de mil páginas a las que pudimos acceder durante  15 minutos y fotografiar con un viejo celular. Estudios que reiteran la misma argumentación que el fundamento del decreto anterior; sin cumplimentar en lo más mínimo la manda judicial de la causa madre del Vocal Benedetto, en la cual se  estableció una distancia de 1000 y 3000 metros como protección provisoria “hasta tanto se determine por las áreas estatales específicas que se obtendrán idénticos efectos preventivos para la salud de alumnado y personal que asiste a los mismos con distancias diferentes”; este pedido nunca se cumplió. 

La justicia también determinó que el Gobierno de Bordet “ a través de sus reparticiones, efectúe en forma exhaustiva y sostenida en el tiempo, los estudios que permitan delinear pautas objetivas en torno al uso racional de químicos y agroquímicos, poniendo el acento precisamente en la prevención de los daños; y a realizar una correcta evaluación que permita determinar el estado de situación actual de contaminación, como paso imprescindible para identificar las medidas que deben adoptarse, su idoneidad y los espacios que deben mejorarse”.

Las diversas sentencias judiciales que nos respaldaron coincidieron en la necesidad de que el gobierno “pruebe” la inocuidad de las aplicaciones realizadas a las distancias menores que pretende el decreto; una exigencia que NO se cumplió y sin embargo se insiste con un nuevo decreto.  

Tampoco existen dictámenes por parte de la Secretaría de Producción ni del Ministerio de Salud; solamente la Secretaría de Ambiente dirigida por Martín Barbieri se animó a presentar un informe reiterativo e inconsistente.

El único aporte científico fue un informe de la Facultad de Ciencias Agrarias de UNER en el cual se investigó un aspecto muy limitada de la deriva primaria de la pulverización con agroquímicos; y se excluyeron los efectos de la deriva secundaria y terciaria.   

El Estado insiste en un sistema agrícola que está agotado. En la nueva acción de amparo, nos focalizamos en visibilizar nuestro deficiente e incompleto sistema de “registro” de agrotóxicos; que omite exigir a las empresas estudios científicos sin conflictos de interés a mediano y largo plazo, que son los periodos en los que se presentan daños crónicos y acumulativos a la salud como es el daño genético, que luego desencadena patologías graves tales como cáncer, infertilidad, alzheimer, deterioros neurológicos, entre otros. Este sistema permite que en Argentina están autorizados 108 plaguicidas prohibidos en el resto del mundo.      

A pesar de que se nos cercenó el derecho al acceso a la información pública que impacta directamente sobre el debido derecho de defensa; que la Legislatura realizó una modificación express de la Ley de procedimientos constitucionales para quitar la causa de sus jueces naturales, con nuevas trabas para el amparo,  modificación a medida de las exigencias de la mesa de enlace.  

La arbitrariedad en favor del lobby del agronegocio conspira con nuestra democracia, contra la división y el equilibrio de poderes. El único camino que nos dejan consiste en insistir con acciones judiciales en aras de proteger a toda la comunidad entrerriana de DAÑOS GENETICOS que comprometen la salud no sólo actual sino de segundas y terceras generaciones; y el acceso al agua potable.       

El nuevo decreto viola principios medulares de nuestra normativa ambiental como son el de prevención, el precautorio y el de equidad intergeneracional y especialmente su principal responsabilidad como Estado que es perseguir “el interés superior del niño”, la vida y la salud como derechos humanos básicos de cualquier comunidad que se precie como tal.

Advertimos que el  Decreto se dictó el  1 de Agosto de 2019, y a la fecha, a pesar de solicitarlo por múltiples vías, apenas logramos el miércoles 14 de Agosto tomar vista parcial de un expediente de 1200 páginas, al cual tuvimos que sacar fotos en forma dificultosa. Esto significa que se nos  impide el derecho a defensa que nos asiste. 

Queremos que nuestra gurisada pueda saltar en patas en los charcos que deja la lluvia sin envenenarse por los agrotóxicos que llueven en nuestra provincia; que puedan correr hasta cansarse sin temor a que el aire los ahogue por los agrotóxicos que flotan en la deriva negada por quienes debieran protegerlos.

Señor Fiscal, Señor Gobernador #BASTAESBASTA

Contactos:

Facundo 3455084950 (Concordia)

Cristina 3442624121 (Concepción del Uruguay)

María 1134712612 (Colón)

Aldana 3434588910 (Paraná)

Emilio 3446 638742(Gualeguaychú)

Luján 3446640365 (Pueblo Belgrano)-

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Otro decreto para sostener un modelo productivo que mata y fundió a los productores

Otra vez, el gobierno de Entre Ríos emitió un Decreto (2239/19) para acercar las pulverizaciones con agrotóxicos sobre niños y niñas de escuelas rurales, sus docentes y peones y productores que habitan el campo. 

Según el fiscal de estado, Rodríguez  Signes,  este nuevo decreto insiste en la reducción de las franjas de resguardo que retroceden a 500 metros las aéreas y 100 metros terrestres pero en esta oportunidad desde el casco de la escuela y no desde su cerco exterior. Además fija diferentes distancias basadas en lo que habilita el Senasa según el químico que se disperse. De 100 a 500 metros terrestres se pueden tirar agrotóxicos clase 3 y 4,  con el mismo esquema para la franja entre 500 y 3000 metros en los casos de pulverización aérea.



Lo que no dice Rodríguez Signes ni el gobierno de Bordet es en base a qué clasifica el Senasa?  Es el punto para discutir y evaluar qué tipo de sustancias están habilitando para ser liberadas en nuestro ambiente y sobre las cabezas de nuestra gente. La  resolución 350/99 de Senasa categoriza productos químicos y/o formulados solo por toxicidad aguda, la DL 50 o dosis letal media de cada producto que es una fórmula que analiza como si se estuviera frente a una sola exposición y no evalúa los procesos ni analiza el surgimiento de enfermedades crónicas como los efectos de disruptores endócrinos, el desarrollo del cáncer, el daño genético que afecta con más fuerza en la primera infancia y el embarazo.

 En Argentina, se utilizan formulados considerados legales que en sus propios países de origen han sido prohibidos hace años porque el Senasa lo permite. Tampoco se realizan las reclasificaciones de productos antes nuevas evidencias científicas. Es costumbre aprobar nuevas sustancias con procedimientos formales “ de registros” sin asidero ni fundamentación científica que no tenga conflicto de intereses.   

Esta manera de aprobar las sustancias está creada justamente para que la industria pueda colocarlas en el mercado  y “no ver” lo que no conviene. Se disfraza el daño a la salud humana y se niega la destrucción del suelo fértil. Es necesario debatir no solamente “cómo” sino “qué aplicamos”.
En el amparo aportamos prueba científica (no opiniones) sobre la presencia de daño genético en niños rurales entrerrianos y también la relación entre daño genético y la aparición del cáncer como consecuencia. Esta es la verdadera dosis letal. Ningún decreto o argumentación política o técnica puede negar una prueba contundente, vergonzosa y dolorosa porque destruye nuestro futuro, nuestra gurisada y nuestro suelo fértil.

El nuevo decreto argumenta como si fueran novedades, con repeticiones y de manera sobreabundante, una serie de medidas que son legalmente exigibles hace ya más de una década pero que nadie cumplió ni hizo cumplir jamás tales como: exigencia de receta, aviso con 48 hs de anticipación, maquinaria habilitada, presencia de agrónomo en el campo y observación de las condiciones climáticas. 

Como asambleas entrerrianas, reafirmamos nuestro compromiso indeclinable por la salud de nuestra gente y la recuperación de un campo que la familia rural pueda habitar, con  diversidad productiva, con recuperación de nuestros suelos y poder involucrar al pequeño y mediano productor, que son sectores que han casi desaparecido en pos de un modelo agroexportador concentrado, basado en la especulación financiera.

Estamos frente a un modelo agotado desde lo  económico, lo productivo, lo ecológico y la salud. Es apenas cuestión de tiempo, es un debate ganado pero lamentablemente debemos ser un territorio sacrificado para que las multinacionales de insumos puedan agotar su stock que ya nadie quiere en el mundo.

ENTRE RIOS. 

Justamente el día de la tierra se difunde nuevo decreto (OTRA VEZ) que habilita pulverizaciones con venenos sobre nuestras escuelas rurales y nuestra gente, a 100 y 500 metros.

Inmensa tristeza. Es desgastante pero claramente falta decisión y valentía política. Falta rigor científico cuando presentamos más de 5mil estudios que fueron descartados por el Gobierno de Entre Ríos. 

Falta  que nuestra comunidad despierte y se anime a una .

El acceso a vida y una alimentación sin venenos es un derecho básico y proteger a nuestra gente de una lluvia de venenos es nuestra meta. 

Orgullosa de pertenecer a la Coordinadora por una vida sin agrotóxicos en Entre Ríos: Basta es basta. 

Acá nadie retrocede....!!! Por una entre Ríos libre de venenos!

http://www.diarioactualizado.com/noticia/2021433308_decreto_de_bordet_se_podra_fumigar_a_100_metros_de_una_escuela_rural/