Insiste el Gobierno de Entre Ríos en reducir distancias de protección para escuelas rurales
Nuevo decreto para defender un modelo agrícola que fracasó.
- En qué se fundamenta este nuevo decreto a pedido de la agroindustria?
Los mismos estudios de hace diez años superados y rebatidos por nuevos aportes científicos pero extendidos en más de mil páginas a las que pudimos acceder durante 15 minutos y fotografiar con un viejo celular. Estudios que reiteran la misma argumentación que el fundamento del decreto anterior; sin cumplimentar en lo más mínimo la manda judicial de la causa madre del Vocal Benedetto, en la cual se estableció una distancia de 1000 y 3000 metros como protección provisoria “hasta tanto se determine por las áreas estatales específicas que se obtendrán idénticos efectos preventivos para la salud de alumnado y personal que asiste a los mismos con distancias diferentes”; este pedido nunca se cumplió.
La justicia también determinó que el Gobierno de Bordet “ a través de sus reparticiones, efectúe en forma exhaustiva y sostenida en el tiempo, los estudios que permitan delinear pautas objetivas en torno al uso racional de químicos y agroquímicos, poniendo el acento precisamente en la prevención de los daños; y a realizar una correcta evaluación que permita determinar el estado de situación actual de contaminación, como paso imprescindible para identificar las medidas que deben adoptarse, su idoneidad y los espacios que deben mejorarse”.
Las diversas sentencias judiciales que nos respaldaron coincidieron en la necesidad de que el gobierno “pruebe” la inocuidad de las aplicaciones realizadas a las distancias menores que pretende el decreto; una exigencia que NO se cumplió y sin embargo se insiste con un nuevo decreto.
Tampoco existen dictámenes por parte de la Secretaría de Producción ni del Ministerio de Salud; solamente la Secretaría de Ambiente dirigida por Martín Barbieri se animó a presentar un informe reiterativo e inconsistente.
El único aporte científico fue un informe de la Facultad de Ciencias Agrarias de UNER en el cual se investigó un aspecto muy limitada de la deriva primaria de la pulverización con agroquímicos; y se excluyeron los efectos de la deriva secundaria y terciaria.
El Estado insiste en un sistema agrícola que está agotado. En la nueva acción de amparo, nos focalizamos en visibilizar nuestro deficiente e incompleto sistema de “registro” de agrotóxicos; que omite exigir a las empresas estudios científicos sin conflictos de interés a mediano y largo plazo, que son los periodos en los que se presentan daños crónicos y acumulativos a la salud como es el daño genético, que luego desencadena patologías graves tales como cáncer, infertilidad, alzheimer, deterioros neurológicos, entre otros. Este sistema permite que en Argentina están autorizados 108 plaguicidas prohibidos en el resto del mundo.
A pesar de que se nos cercenó el derecho al acceso a la información pública que impacta directamente sobre el debido derecho de defensa; que la Legislatura realizó una modificación express de la Ley de procedimientos constitucionales para quitar la causa de sus jueces naturales, con nuevas trabas para el amparo, modificación a medida de las exigencias de la mesa de enlace.
La arbitrariedad en favor del lobby del agronegocio conspira con nuestra democracia, contra la división y el equilibrio de poderes. El único camino que nos dejan consiste en insistir con acciones judiciales en aras de proteger a toda la comunidad entrerriana de DAÑOS GENETICOS que comprometen la salud no sólo actual sino de segundas y terceras generaciones; y el acceso al agua potable.
El nuevo decreto viola principios medulares de nuestra normativa ambiental como son el de prevención, el precautorio y el de equidad intergeneracional y especialmente su principal responsabilidad como Estado que es perseguir “el interés superior del niño”, la vida y la salud como derechos humanos básicos de cualquier comunidad que se precie como tal.
Advertimos que el Decreto se dictó el 1 de Agosto de 2019, y a la fecha, a pesar de solicitarlo por múltiples vías, apenas logramos el miércoles 14 de Agosto tomar vista parcial de un expediente de 1200 páginas, al cual tuvimos que sacar fotos en forma dificultosa. Esto significa que se nos impide el derecho a defensa que nos asiste.
Queremos que nuestra gurisada pueda saltar en patas en los charcos que deja la lluvia sin envenenarse por los agrotóxicos que llueven en nuestra provincia; que puedan correr hasta cansarse sin temor a que el aire los ahogue por los agrotóxicos que flotan en la deriva negada por quienes debieran protegerlos.
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