Reiteramos la urgente necesidad de que nuestro gobernador Bordet nos reciba.

Acostumbrados a ser nombrados como  “ambientalistas”, reiteramos: somos entrerrianos/as, madres y padres, alumnos y alumnas, docentes, consumidores y consumidoras, trabajadores y trabajadoras, productoras y productores agropecuarios.

Exclaman desde distintos ámbitos que somos quienes no podemos  “dialogar”, pero lo que no queremos es: “negociar”. Claramente no queremos negociar, por el solo hecho de que la salud de nuestros gurises no se negocia

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Es imposible comparar esta situación con el  conflicto de la 125. En ese momento, se hablaba de números, de costos, de exportaciones, de granos, no de vidas. Hoy hablamos de daño genético, cáncer, infertilidad, malformaciones de gente que habita en nuestro territorio, no en la estratosfera:

¿Cómo podríamos negociar eso, señor Presidente del Superior Tribunal de Justicia? ¿Cómo se negocia señores productores? ¡Cuéntennos Mesa de Enlace!

Aquí viene la pregunta, ¿nosotros fundamentalistas?

¿Desde cuándo defender la salud es “fundamentalismo”? y si defender la vida es ser fundamentalista extremo, bienvenida la calificación.

En cuanto a la intención de dialogar, desde tiempo antes del fallo solicitamos que nos atienda la Ministra de Salud, el Sr. Gobernador de la provincia, a cada uno de los diputados, a todos los Sres.  Senadores. Hicimos sonar los teléfonos de dirigentes agrarios (pregúntenle a Don Alfredo De Angeli y a Alfredo Bel por ejemplo). TODOS nos ignoraron y hoy quieren correr el acceso a la educación de nuestros gurises para envenenar ¿Sera porque saben que la Universidad de La Plata y la Universidad de Rio Cuarto desde el año 2013 que vienen haciendo estudios científicos en escuelas rurales? 

¿Quien no quiere dialogar?

Los que se dicen “campo” fueron recibidos con alfombra roja; en cada solicitud que realizaron.
Recibidos por el Gobernador Bordet a poco días del primer fallo, dos veces con el presidente de la Suprema Corte provincial, con nuestro Fiscal de Estado y decimos “nuestro” porque debería serlo de todos y todas l@s entrerrianos,  pero se ha constituido en asesor personal del sector de la mesa de enlace; se focalizó en prepararlos para enfrentar a las organizaciones que habíamos tenido la OSADÍA DE QUERER DEFENDER LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LAS ESCUELAS RURALES.

RECORDEMOS la responsabilidad legal de todo funcionario público de proteger los derechos fundamentales, como salud y educación, de los ciudadanos y asimismo el deber moral de los dirigentes de proteger a los grupos que “dicen” representar; y esto referido a la liviandad e irresponsabilidad de hablar de “falta de rigor científico” sin conocer una letra del expediente.

No son los hijos de Feldkamp, Rodríguez signes, Elbio Guía ni de Guadalupe Vivanco los que asisten a las escuelas.

La actitud de los dirigentes agrarios y gobierno fue de ningunearnos, ridiculizarnos y cerrarnos todas las puertas al diálogo. Solo nos quedó la vía judicial.

Por el contrario a sus consignas pro venenos, expresamos: sin vida no hay trabajo y sin salud no habrá productores ni vida rural.


A pesar de un aparato económico y político a su favor no han podido contrarrestar las irrefutables pruebas científicas, de estricto rigor científico en función de los protocolos avalados internacionalmente por la ciencia independiente.
Pedimos mesura en los irreproducibles discursos mentirosos y agresivos pulverizados por varios dirigentes sojeros; sabemos que NO representan al campo; representan solo un sector al que han ahogado con engaños y hecho dependiente de venenos.

Hoy martes 28 de mayo de 2019, hemos solicitado una vez más a nuestro Gobernador Bordet que nos reciba con el único objetivo de poder poner en palabras todo el trabajo que venimos realizando y los resultados ineludibles que están arrojando los estudios en el territorio entrerriano. No puede aventurarse a un nuevo decreto sin conocer exactamente lo que está sucediendo.

El sol no se puede atajar con un decreto, menos aún la deriva de las fumigaciones.

Cuando decidan respetar la vida y levantar productivamente a la provincia, dejar de ahogar productores y darles herramientas para producir alimentos, desde la Coordinadora Basta es Basta, ¡acá estamos!

Nulo el decreto para fumigar gurises

Las víctimas no tienen que demostrar que los agrotóxicos envenenan, el Estado debe demostrar lo contrario ya que autoriza su uso.

Es nulo el decreto que permite fumigar cerca de las escuelas rurales sentenció el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos. Teléfono para el gobernador Gustavo Bordet y para el Presidente de la Nación, Mauricio Macri quien también opinó sin fundamento a favor de las empresas de agroquímicos.

Dice textual el fallo que se conoció hoy:

• “No se requiere, como sugiere la defensa estadual, que exista un perjudicado concreto, justamente por el cambio de paradigma que el derecho ambiental supone, que busca prevenir el daño a la salud de las personas”.

• “No parece razonable invocar la necesidad de un proceso de “mayor amplitud de debate y conocimiento”, cuando las constancias arrimadas por el Estado son suficientes para tener por acreditado que no se han asegurado “por las áreas estatales específicas que se obtendrán idénticos efectos preventivos para la salud de alumnado y personal” que se tienen con las distancias preventivas dispuestas judicialmente. No porque el juzgador sea un conocedor de la ciencia que – obviamente- le es ajena, sino porque la lógica jurídica dejó al descubierto la falta de rigor científico en la toma de esa decisión” (NdR la decisión del Gobierno provincial de reducir las distancias de protección frente a la aplicación de agrotóxicos)

• “No debía el Foro Ecologista demostrar que las distancias dispuestas en el Decreto son perjudiciales para la salud (mucho menos esperar que exista un perjudicado concreto como sugiere la defensa), sino que, puesto ello en duda, el Estado debía poner a disposición los documentos que revelaran qué tipo de intervención tuvieron el Ministerio de Salud a través de la Dirección de Epidemiología y la Secretaría de Ambiente del Ministerio de Producción de la Provincia de Entre Ríos, y/o “qué estudios científicos y académicos” avalan las distancias fijadas en el decreto (NdR eran de 100 metros las terrestres y 500 metros las áreas contrariando a la Justicia que dictó 1000 terrestres y 3000 aéreas), para verificar que luego de la primer sentencia (Foro Ecologista 1) se había cumplido con la condición allí dispuesta”.

ASEGURA LA JUSTICIA QUE LAS MAL LLAMADAS "BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS" CARECEN DE RIGOR CIENTÍFICO

• “la insolvencia técnica del trabajo interministerial¹ (…) no dejan lugar a “una duda” que amerite mayor amplitud probatoria y debate. El rigor científico, está – simplemente - ausente, más no controvertido. De allí que no pueda esperarse “mayor debate y prueba”.
• El escenario del cual debe partirse desde el dictado de la sentencia anterior (donde la justicia ordenó una distancia de protección de 1000 metros terrestres y 3000 aéreos ante pulverizaciones con agrotóxicos) es el de la falta de certeza respecto de las medidas adecuadas que deben tomarse para garantizar la inocuidad de la actividad fumigatoria con agrotóxicos, sin que el Estado haya podido acreditar con los expedientes arrimados que las distancias dispuestas en el decreto garantizan los efectos preventivos para la salud de alumnado y personal que asiste a los colegios rurales, como lo exige el fallo que está obligado a cumplir”.

El fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos es muy insistente respecto a que el Decreto n° 4407/ 2018 del Gobierno provincial nunca demostró mediante ningún tipo de estudio ni dictamen oficial de ninguna entidad que reducir las distancias de fumigaciones de las escuelas rurales era inocuo para la salud de las y los entrerrianos.

En el mundo del revés, el Poder Ejecutivo de la Provincia de Entre Ríos que debe asegurar medidas expeditivas y eficaces para garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños, apela en su contra, a favor de la agroindustria en base a químicos tóxicos.

1Informe final del grupo de trabajo interministerial sobre “buenas prácticas agrícolas” en conjunto MA-MA y DS DS n°1/1028

Privatizar las semillas. La batalla final de Monsanto contra los productores

Un pequeño ejemplo de lo que puede suceder si Bayer-Monsanto logra la aprobación de la ley de semillas. 

Monsanto Argentina intimó a un productor de Gualeguaychú, activo integrante de la Federación Agraria Argentina en Entre Ríos, para exigirle el pago de más de 54 mil dólares en concepto de canon por el uso de semillas de soja con “Tecnología Intacta”.

Hasta ahora, Monsanto nunca logró conseguir los votos en el Congreso de la Nación para reformar la ley vigente de semillas que impide ese cobro ni pudo impedir el uso propio (que el productor conserve semillas para replantar), ni consiguió incorporar lo que se conoce como “regalías extendidas” en semillas. Ese lobby histórico de Monsanto hoy está a cargo del Diputado Nacional por Entre Ríos, Atilio Benedetti (quien pretende ser nuestro futuro gobernador).

Hoy las leyes vigentes que regulan semillas son la 20.247 que resguarda el uso propio y la 24.481 de patentes que en su artículo 7 establece categóricamente la prohibición de patentar material vivo.

Art.7 – No son patentables: b) 

la totalidad del material biológico y genético existente en la naturaleza o su réplica , en lo procesos biológicos implícitos en la reproducción animal, vegetal y humana, incluidos los procesos genéticos relativos al material capaz de conducir su propia duplicación en condiciones normales y libres tal como ocurre en la naturaleza;

Sin ley, Monsanto utilizó contratos directos (productor-empresa) que hoy resultan en que un productor deba pagar una suma exhorbitante a la multinacional, aunque haya recibido esa semilla en parte de pago.

¿Qué estaba haciendo Federación Agraria mientras se firmaban esos contratos leoninos? ¿Qué hará la organización que se jacta de representar a los pequeños y medianos productores? ¿Recomienda pagar lo que no corresponde?

¿Por qué insisten con terquedad suicida en un modelo agrícola que los fundió y está acabado? ¿O acaso representan otros intereses distintos a los de los pequeños y medianos productores que dicen defender? Suelo degradado, insumos en dólares, pérdida del uso propio de las semillas, enfermedades y conflicto social en áreas rurales, concentración de capital, con la soja que no llega a 300 dólares la tonelada.

¿Quiénes son los ganadores de este modelo? Claramente los productores, NO. 

¿Qué dicen al respecto los que sostienen este modelo de muerte en nuestra provincia? El Senador Alfredo De Angeli, Elbio Guía, Matías Martiarena, Walter Feldkamp, Atilio Benedetti, Juan Miguel Etchevehere y la liste sigue. Claramente, NO representan al campo. 

Las semillas nacieron junto con la agricultura hace más de diez mil años seleccionadas por los pueblos originarios y por campesinas y campesinos que las pasaron de mano en mano hasta hoy cuando Monsanto pretende privatizar lo que nunca le perteneció. 

Las semillas son de la humanidad y el primer eslabón de la cadena alimentaria. El alimento no es una mercancía. Sin semillas, no hay agroecología ni soberanía.

Carta documento de Monsanto Argentina contra un productor de Gualeguaychú

Federación Agraria exige fumigar sin distancias de protección para la vida humana en Entre Ríos

Insisten con terquedad suicida en un modelo agrícola que los fundió y está acabado.

Ante el comunicado del 29 de abril pasado emitido por dirigentes rurales de Federación Agraria Argentina de los departamentos Paraná, Diamante y Nogoyá, en el que se quejan de una supuesta “prohibición de producir y las consecuencias impensadas en el medio rural”, desde la Coordinadora Basta es Basta por una Vida sin Agrotóxicos en Entre Ríos que promovió el fallo cuestionado recordamos:

- Existe una Ley 26061 de PROTECCIóN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES en la que se indica que “las políticas públicas de los Organismos del Estado deben garantizar con absoluta prioridad el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes cuando sus derechos colisionen con los intereses de los adultos, de las personas jurídicas privadas o públicas”;

- El fallo que la Federación Agraria ataca porque "arriesga"  la producción agrícola, reconoce y garantiza derechos de madres desesperadas que piden por sus niños que mueren intoxicados, de los trabajadores rurales que no quieren perder su empleo, de todos los afectados por un negocio privado que nos envenena. Un fallo que, encima, incluye la protección de los productores aglutinados en la emblemática Federación Agraria, que hoy públicamente lo ataca. Recordemos cuáles fueron los orígenes de esta Federación  que surgió para aunar valores, necesidades e intereses comunes, con el afán de cooperar  organizadamente para obtener beneficios sociales y colectivos de la labranza de la tierra con una función social que ciertos dirigentes parecen haber olvidado.

- ¿Qué clase de dirigencia pone en riesgo tanto la salud como la economía de sus productores? Clausuran la posibilidad de otras vías productivas más rentables y saludables que la agricultura en base a millones de litros de agrotóxicos que los dejó endeudados hasta el cuello? De verdad creen que están de su lado las pocas multinacionales que pretenden regalías de las semillas sembradas, que acobardan con insumos en dólares, que nos invaden con litros de venenos ante el avance de las malezas que ellos mismos convirtieron en resistentes.¿Acaso olvidaron cómo producían sus abuelos? 

Intentamos comprender el discurso de la FAA. Debe resultar doloroso modificar un dogma que promete que este modelo de producción en base a químicos es el único viable, sustentable y el más rentable pero se estrella contra la realidad.

Quienes ignoran "la información científica técnica disponible" son ustedes como actual dirigencia de Federación Agraria, quienes están lejos de representar al "campo", simples peones de las corporaciones que realmente ya generaron, hace largo tiempo, el éxodo rural mediante la agricultura dependiente de químicos y no a partir del fallo que protege a las escuelas, como mienten en su comunicado.

Es cuestión de tiempo para que los biocidas cancerígenos que ustedes defienden con un esfuerzo digno de mejor causa sean prohibidos por entes de control, por la justicia y ya son repudiados por los consumidores que rechazan alimentos repletos de químicos.  Se conoce de contaminantes persistentes, de sustancias tóxicas, de la “docena sucia”, como tantos otros venenos que contaban con habilitación y hoy están prohibidos, carbofuran, CLORPIRIFOS, MALATIÓN, DIELDRIN,entre tantos otros que fueron desperdigados por el aire y hoy persisten en los cuerpos de nuestros gurises. Mientras "productores responsables" los diseminaban y se los consideraba "inocuos" si son “bien aplicados” gracias a las “buenas prácticas “  .

Esta sentencia, que hoy cuestiona la FAA,  es coherente con las más recientes condenas internacionales, que dan cuenta del ocultamiento de la evidencia que existe sobre estos productos y su grado de toxicidad y del peligro al que estamos expuestos como seres vivos que habitan este planeta. Para colmo, ponen en altísimo riesgo a los propios productores que ustedes dicen defender y representar.

Además de ser falso, es una demostración de ignorancia técnica y de absoluto desprecio social aducir que se "saca de la producción más de 300 mil hectáreas en la provincia".

Insisten con terquedad suicida en un modelo agrícola que los fundió y está acabado.  Prefieren continuar con un modelo rentista donde el trabajo real lo hacen unos pocos peones que caen como moscas. Y la verdadera ganancia está fuera de su alcance como pequeños y medianos productores.

Hubieramos preferido no contar con estudios científicos que den cuenta de la gravedad que significa para nuestros niños y niñas la exposición a estas sustancias, hubiéramos preferido basarnos en el principio precautorio que no exige daño cierto, sino ausencia de certeza, pero lamentablemente contamos con estudios que dan cuenta del daño ya perpetrado, irreparable. Ahora solamente estamos pidiendo que paren de envenenar. La bibliografía científica nacional e internacional , además de los estudios locales hechos en suelo entrerriano, en el Departamento Uruguay, específicamente en escuelas rurales son tan contundentes que justamente por la existencia de prueba científica es que la justicia nos respaldó. No así el Estado al que ustedes reclaman caminos, que viene apoyando a los fumigadores de niños sin siquiera considerar los Estudios que pasan desapercibidos ni han sido citados en las extensas  presentaciones de la provincia demandada, como tampoco en ninguno de los resolutorios que tuvo esta causa, estudios que revelan daño genético en niños que acuden a escuelas rurales- y a los que ustedes ni siquiera consideran en su balance de pérdidas.

Por ultimo, se atreven a mencionar los "sueños de familia de campo". ¿Qué sueño puede conservar una familia humilde cuando nace una criatura deforme, con labio leporino o espina bífida, consecuencias probadas de los agrotóxicos?

Desde Basta es Basta, estamos del lado del productor que  no puede cultivar porque su vecino lo fumiga, queremos producción de alimentos no de commodities que solo dejan contaminación y pobreza en nuestro país. Queremos que el campo vuelve a producir, queremos millones de familias campesinas como solo fue posible antes de 1996 cuando se implementó este modelo en base a agrotóxicos que expulsó a casi la totalidad de la población rural. Hoy está demostrado que se puede producir de modo saludable y con altos niveles de rentabilidad, es posible modificar sin períodos de carencia la producción química  y obtener ganancias superiores o similares a las del actual modelo de las multinacionales del agro.

Creemos que es un momento trascendental y único para que nadie se apropie de nuestro preciado suelo fértil y el legado cultural de las  comunidades agrarias y rurales basado en la producción de alimentos sanos.