Ante las declaraciones del Secretario de Producción de la Provincia Àlvaro Gabás al diario La Nación, desde la Coordinadora por la Vida Sin Agrotóxicos en Entre Ríos: Basta es Basta nos sentimos en la triste responsabilidad de aclarar ciertas cuestiones además de lo que oportunamente señalamos tras el comunicado de las cámaras de vendedores de veneno
- No es cierto que el gobierno haya convocado “a las partes para acordar sobre el tema de las aplicaciones de agrotóxicos: el gobierno convocó a los representantes de la agroindustria y actuó según sus intereses apelando el Amparo que le ordena proteger los niños de las escuelas rurales entrerrianas.
- No es cierto que “si se hace lugar al fallo se deja de producir”: el fallo ordena no atacar las escuelas con agrotóxicos pero nada dice de la producción. Como es de público conocimiento, hace más de once mil años que existe la agricultura y los cultivos transgénicos que deben fumigarse con agrotóxicos tienen poco más de veinte. Existen modos saludables de producir alimentos y otros tipos de producción además de la agrícola que son necesarios y rentables.
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- No es cierto que las Buenas Prácticas Agrícolas regulen las pulverizaciones: está científicamente probado que la deriva es incontrolable.
- No es cierto que “los ambientalistas intenten poner a la actividad agrícola como nociva para la población”, los que hacen eso son aquellos que utilizan productos nocivos para la población en sus actividades agrícolas. Es hora de que se hagan responsables de sus actos. Tampoco es exacto que seamos apenas ambientalistas, en un principio somos afectados por este modelo agrícola con uso masivo de agrotóxicos como toda la población entrerriana y como su matriz productiva.
- No es cierto que el cambio puede tardar 20 años. Se puede poner en práctica una transición en mucho menos tiempo y continuar produciendo. Lo que sí tarda años en generarse es la comprensión de que no es posible sacrificar a los niños para acumular ganancias privadas. En nuestra provincia hay un número creciente de productores que “se pasan” a la agroecología motu proprio, pensemos cuán beneficioso sería para todxs una política pública que incentivara estas prácticas en lugar de beneficiar a las grandes corporaciones del agronegocio.
- No es cierto que se pueda fumigar indiscriminadamente los fines de semana, el fallo vigente indica que cuando no hay clases se deben respetar las distancias de 1000 y 3000 metros para terrestres y aéreas respectivamente. En horario de clases las fumigaciones deben detenerse completamente.
- Consideramos una falta de respeto muy seria de parte del Secretario de Producción del Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos asegurar ante uno de los principales medios del país como el diario La Nación que: “Los jueces son demagógicos e ideológicos y emiten fallos sin convocar a las partes involucradas". Los jueces en este caso han fallado priorizando los intereses superiores de la salud infantil, cuestión que recomendamos recordar al señor secretario, son los mismos principios que lo llevaran a inaugurar placas para niños fallecidos a causa del modo productivo que hoy intenta proteger.
Finalmente y lo más importante
Nos parece muy importante regresar a la lectura de la Constitución de nuestra provincia, una avanzada pieza de legislación con muy específicas disposiciones en materia de protección ambiental.
Apenas hace una semana, se conoció una resolución de Naciones Unidas en la cual el Comité se manifestó "muy preocupado por el aumento en el uso de pesticidas y herbicidas, que incluyen glifosato, a pesar de los graves impactos adversos a la salud y al medio ambiente de muchos de ellos, en especial del glifosato, señalado como probablemente carcinógeno por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (Iarc) de la Organización Mundial de la Salud". En la sección de "Agricultura, medio ambiente sano y salud" del mencionado reporte se indicó que "el Comité recomienda al Estado parte que adopte un marco regulatorio que incluya la aplicación del principio de precaución en cuanto al uso de pesticidas y herbicidas dañinos, en particular los que incluyen glifosato, para prevenir los impactos negativos en la salud por su uso y en la degradación del medio ambiente. El Comité remite el Estado parte a su observación general número 14 (del año 2000), sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud", recomendación que el funcionario ignora enfáticamente con su postura.